Desde la Consultora MultiTarget hemos sido contratados para desarrollar un estudio de investigación denominado “La seguridad de los periodistas en el Ejercicio de la Profesión y el Asedio en el Mundo Digital”. La investigación se enmarca en el proyecto “Periodismo libre y seguro para la Democracia”, ejecutado por el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP) de la Universidad Católica, y que cuenta con apoyo de la Mesa para la Seguridad de Periodistas y el auspicio de UNESCO.
El objetivo de esta investigación fue proporcionar un punto de partida que facilite el análisis del sector periodístico y los desafíos que enfrentan diferentes actores, incluyendo periodistas, sindicatos, propietarios de medios, así como instituciones estatales, incluidos los poderes gubernamentales.
Directora del CIDSEP, Cristina Boselli, Coordinador de la Mesa para la Protección de los Periodistas, José María Costa, Presidente de MultiTarget, Erica Imbrogiano Pereira
El estudio se desarrolló, bajo la dirección de la Mg. Lic. Erica Imbrogiano Pereira (representante de la WAPOR – Asociación Mundial para la Investigación de Opinión Pública y Presidente de MultiTarget Sa).
Esta investigación se basó en dos métodos de recolección: encuestas en formato on line a periodistas en ejercicio de la labor y entrevistas en profundidad a personas cuya opinión, conocimiento y / o situación vivida dieron pie a recomendaciones que podrían ser consideradas claves o motivadores de aspectos que deben tenerse en cuenta para el cuidado de la labor periodística.
Siendo una investigación inicialmente diseñada «Ad Hoc» para abordar la temática de estudio, identificándose aspectos que requieren un seguimiento continuo lo cual implicará ajustar métodos de recolección, ampliar el periodo de observación para tener una perspectiva a largo plazo del fenómeno y avanzar en diferentes actores del sistema de seguridad y justicia y así también la ciudadanía.
LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
- Identificar las amenazas más comunes que enfrentan los periodistas en el ejercicio de la profesión.
- Analizar las causas y factores de riesgo asociadas a la violencia contra la mujer periodista.
- Identificar los tipos de violencia digital que enfrentan los periodistas.
- Identificar si la violencia contra los periodistas afecta la salud de estos.
- Analizar el impacto de las amenazas a la seguridad de los periodistas en la libertad de prensa y la democracia.
- Indagar si las estrategias y medidas existentes para proteger a los periodistas, incluyendo leyes, políticas gubernamentales y programas de seguridad son suficientes para la protección de los periodistas y medios de comunicación.
- Investigar el papel de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y de los sindicatos en la protección de los periodistas.
- Identificar el nivel de acompañamiento por parte del/los gremio/s de periodistas y/o comunicadores a los periodistas en situaciones de inseguridad en cualquiera de sus formas.
- Identificación de las necesidades del sector para la protección de los periodistas en el ejercicio de la función.
LA ENCUESTA
El universo de estudio está compuesto por profesionales de medios de comunicación.
La recolección de datos se realizó entre febrero y marzo de 2024, participando 200 trabajadores de prensa de todo el país los cuales desarrollan su labor tanto en medios digitales, radiales, impresos, televisivos y portales en línea de diversos tipos y tamaños. Identificándose profesionales de 150 medios que han respondido el estudio.
El estudio se dividió en seis grandes zonas: Asunción; Zona Centro (Cordillera, Central, Paraguarí, Pte Hayes, Boquerón, Alto Paraguay); Zona Norte (Concepción, Amambay, San Pedro), Zona Sur (Itapúa, Misiones, Ñeembucú) Zona Este (Alto Paraná y Canindeyú) y Zona Centro Este (Caaguazú, Caazapá y Guairá) y la muestra fue segmentada de acuerdo con datos del observatorio de la violencia de la Mesa para la Seguridad de los Periodistas en Paraguay.
El trabajo abarcó ejes temáticos como la violencia contra periodistas, los tipos de violencia más verificados, sus consecuencias, la protección de periodistas, la seguridad en los medios de comunicación, los impactos de la violencia en el ejercicio de la profesión, la violencia digital, la visión sobre la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, entre otros.
Entre los resultados destacan que la amenaza es la violencia más frecuente contra periodistas, con cerca del 60%, seguida de agresiones y violencia digital. Más del 50% de encuestados dijo haber sido víctima de algún tipo de violencia en los últimos años. En el caso de las mujeres periodistas, esta cifra sube al 70%. Por otro lado, la intimidación es el tipo de violencia digital más común, con 61.5% Otro dato llamativo es que el 51% de periodistas consultados dijo haber recurrido a la “autocensura” como consecuencia de la violencia.
“No existe seguridad para ejercer la profesión”
En relación con la percepción sobre la seguridad de periodistas en el ejercicio de la profesión, el 37% considera que no existe y casi el 40% considera que es baja la seguridad.
Con respecto al ámbito digital, la intimidación lidera el listado de tipos de violencia con el 61.5%; seguida de la difamación con el 54.5% y el ciberacoso con 48%.
El 41.5% no conoce que existan en nuestro país mecanismos, medidas o protocolos para garantizar la seguridad de los periodistas en el desarrollo de sus tareas. El 54.5% considera que los medios de comunicación tienen poco involucramiento en la seguridad de sus periodistas.
Entrando en el plano judicial, casi el 80% de las personas encuestadas cree que el Ministerio de Defensa Pública debe proporcionar gratuitamente un abogado para impulsar la investigación y proceso judicial representando al periodista o trabajador de prensa que es víctima.
Sobre el traslado y reubicación de periodistas ante situación de riesgo extremo, más del 40% considera que debe solventarse ese tipo de reubicaciones con aportes del Estado.
Asimismo, casi el 50% afirma que en los medios de prensa no existen protocolos de seguridad para casos de violencia contra periodistas, seguido de un 26% que desconoce de la existencia de dichos protocolos.
Los y las periodistas que fueron víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de sus carreras profesionales, afirman que los mayores efectos adversos para su salud han sido el estrés, el impacto emocional, la ansiedad, la fatiga y el agotamiento emocional y mental. Muchos de ellos incluso han somatizado esas afecciones en problemas físicos, tales como dolores de cabeza, problemas gastrointestinales y dificultad para conciliar el sueño.
Finalmente, más del 93% considera necesaria la aprobación de una ley especial para la protección de periodistas en el ejercicio de sus labores. Sin embargo, el 61.3% cree conveniente que la ley de protección se enfoque exclusivamente en periodistas y trabajadores de prensa, para garantizar su efectividad.
PARA ACCEDER A LA INVESTIGACIÓN
Más datos y gráficos en https://seguridadperiodistas.org.py/estudio-y-encuesta-sobre-violencia-contra-periodistas/
LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Con el objetivo de comprender a cabalidad los hallazgos que arrojaría la investigación cuantitativa la Dirección del Proyecto propuso la inclusión de entrevistas en profundidad que permitirían una mejor comprensión de estos hallazgos.
Los actores entrevistados son representantes de diversos sindicatos, gremios y asociaciones periodísticas que integran las mesas directivas, además de miembros de la Mesa para la Seguridad de los Periodistas, miembros del sistema de justicia y actores judiciales (Ministerio Publico y la Defensa Publica), también se entrevistaron a víctimas y familiares de violencia contra los periodistas.
Presentación del Estudio en la Biblioteca del Congreso Nacional
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La investigación pone en evidencia la complejidad del ambiente en el cual desempeñan los periodistas su labor. Los hallazgos y testimonios subrayan la importancia de abordar la seguridad, el apoyo a los periodistas, las víctimas y su familia directa desde una perspectiva integral, considerando los desafíos específicos que enfrentan en su labor diaria y proporcionándoles los recursos adecuados para que se sientan protegidos y amparados en el ejercicio de la profesión.
Los resultados revelan una variedad de tipos de violencia experimentados por estos, desde amenazas, agresiones físicas hasta violencia digital y censura entre otros. Hallazgos que subrayan la diversidad y gravedad de las amenazas que enfrentan, lo que requiere una respuesta integral y coordinada por parte de las autoridades. Esto incluye la necesidad de una mayor capacitación para policías y fiscales, así como la creación de protocolos claros y efectivos para investigar y prevenir la violencia contra los comunicadores.
Observándose una marcada diferencia en la incidencia de violencia entre hombres y mujeres periodistas, siendo estas últimas las más afectadas. Este hecho sugiere la existencia de desafíos específicos que enfrentan las mujeres periodistas en su labor profesional, destacando la necesidad de abordajes diferenciados para garantizar su seguridad y protección.
La influencia política y el crimen organizado son identificados como los principales actores implicados en la generación de violencia contra los periodistas. La presión económica también contribuye a la vulnerabilidad de los comunicadores, especialmente en áreas de conflicto como las zonas fronterizas, donde la violencia y la intimidación son herramientas comunes utilizadas para controlar la información y silenciar a los críticos.
La situación se ve agravada por el hostigamiento legal y judicial, incluyendo la aplicación arbitraria de leyes destinadas a proteger a la mujer contra todo tipo de violencia y mal utilizada actualmente. Esta práctica, conocida como «garrote jurídico», amenaza la libertad de expresión y socava la democracia al limitar el escrutinio público sobre el accionar de las autoridades femeninas.
En cuanto a la eficiencia de las instituciones para atender los casos de violencia contra periodistas, los resultados muestran una percepción generalizada de insatisfacción. Tanto la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público como el Poder Judicial reciben evaluaciones mayoritariamente negativas o regulares, lo que indica una falta de confianza y eficacia percibida en estas instituciones.
Por su parte las entrevistas revelan una serie de limitaciones y desafíos que enfrentan las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los periodistas. Desde la necesidad de un Ministerio Público más proactivo y eficiente hasta la escasez de recursos y personal en la Policía Nacional, queda claro que se requieren mejoras significativas en la capacidad de respuesta y protección ofrecida por estas entidades.
La Mesa para la Seguridad de los Periodistas en Paraguay ha sido un actor clave en la protección y promoción del ejercicio periodístico en el país. Sin embargo, los resultados de la encuesta reflejan una falta de conocimiento generalizado sobre su existencia y funciones, lo cual indica la necesidad urgente de aumentar su visibilidad en el ámbito periodístico.
Una de las fortalezas más destacadas de la Mesa es su capacidad para constituir un espacio de diálogo y articulación entre diferentes instancias, incluyendo gremios de periodistas, instituciones estatales y organizaciones internacionales. Esto ha permitido la aprobación de protocolos de actuación por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía, así como la designación de la Fiscalía de Derechos Humanos para atender casos de violencia contra periodistas.
Además, la Mesa ha logrado sistematizar la información relacionada con la seguridad de los periodistas, creando un sitio web especializado y un Observatorio sobre Violencia contra Periodistas en Paraguay. Estos recursos son fundamentales para la generación de políticas públicas y la sensibilización de la sociedad sobre esta problemática.
Sin embargo, la Mesa también enfrenta importantes limitaciones y obstáculos, como la falta de voluntad política por parte de algunas instituciones estatales, la burocracia que dificulta una respuesta rápida a las denuncias y la alta rotación de autoridades en las instituciones clave. Estos desafíos ponen en riesgo la efectividad de la Mesa y resaltan la necesidad de una mayor institucionalización y financiamiento para sus actividades.
Para superar estos desafíos, es fundamental desarrollar campañas de sensibilización sobre el papel del periodismo en la democracia y garantizar que las instituciones estatales asuman su responsabilidad en la protección de los periodistas. También es necesario asegurar que tanto la Mesa como los gremios de periodistas tengan acceso a la información sobre el progreso de los casos, para poder supervisar y exigir una respuesta adecuada por parte de las autoridades.
La discusión en torno a la legislación de protección a los periodistas en Paraguay refleja un consenso generalizado sobre la necesidad de una ley específica para salvaguardar la labor periodística. Sin embargo, la divergencia surge en cuanto al alcance y enfoque de esta ley. Esta discrepancia refleja la necesidad de definir claramente los sujetos beneficiarios y reconocer las diferencias entre el rol del periodismo y el de los defensores de derechos humanos.
La falta de una definición precisa de los sujetos beneficiarios es una de las principales observaciones al proyecto de ley, ya que puede dar lugar a interpretaciones ambiguas y a una aplicación inconsistente de la legislación.
Para avanzar en este debate, se recomienda promover un mayor diálogo entre todos los sectores involucrados, incluyendo periodistas, medios de comunicación, instituciones estatales y actores políticos. Destacándose la importancia del respaldo editorial de los medios y la participación de los propietarios de medios en el proceso legislativo.
Es fundamental que esta legislación genere mayor conciencia en la sociedad sobre el papel crucial del periodismo en la democracia y garantice la seguridad y protección de quienes ejercen esta labor fundamental para el funcionamiento de la sociedad y el Estado de Derecho.
La falta de protocolos de seguridad en los medios de comunicación donde los periodistas ejercen su labor es un problema que requiere una atención urgente. Es esencial que los medios aborden esta carencia implementando protocolos efectivos y proporcionando capacitación adecuada para garantizar la seguridad de los periodistas mientras realizan su trabajo. Es necesario examinar y reforzar los protocolos de seguridad en los medios de comunicación, centrándose en aspectos como la evaluación de riesgos, la formación en seguridad, la provisión de equipos de protección y el acceso a asistencia legal, médica y psicológica. Además, se debe garantizar que los periodistas reciban buenos salarios y seguro de vida, especialmente en zonas de alto riesgo, para que puedan desempeñar su labor de manera segura y sin comprometer su independencia y objetividad.
La falta de eficientes mecanismos de protección por parte del Estado y la ausencia de protocolos de seguridad en los medios donde trabajan contribuyen a la autocensura y la suspensión del trabajo periodístico como respuestas ante el miedo a las represalias.
Los efectos de la violencia en el desarrollo de la labor periodística son evidentes, con un alto porcentaje de profesionales que experimentan la autocensura y la reducción de su presencia en internet y redes sociales. Estos efectos son más pronunciados en ciertas zonas del país y entre periodistas mujeres, lo que subraya la urgencia de implementar medidas de protección y garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo en todas las regiones y para todos los profesionales del sector.
La autocensura, como mecanismo de protección, refleja la difícil situación en la que se encuentran los periodistas, especialmente en zonas donde impera el narcotráfico y el crimen organizado. La existencia de «zonas silenciadas» donde la violencia controla la agenda periodística y promueve la autocensura destaca la necesidad de acciones gubernamentales efectivas para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión.
La violencia contra periodistas no solo amenaza su integridad física, sino que también tiene graves repercusiones en su salud mental y emocional. Los resultados de la investigación cuantitativa revelan una amplia gama de efectos negativos en la salud de los periodistas, que van desde el estrés y la ansiedad hasta la depresión y los trastornos de la salud mental. Estos efectos son especialmente pronunciados en las periodistas mujeres, así como en aquellos periodistas que enfrentan dificultades en sus relaciones personales o de pareja como resultado de la violencia y la amenaza constante.
Los testimonios de los periodistas afectados ilustran vívidamente el impacto devastador que la violencia puede tener en sus vidas. Desde el autoexilio hasta la pérdida de la libertad y la constante amenaza a la seguridad personal, estos relatos muestran cómo la violencia puede convertir la vida cotidiana de un periodista en una lucha constante por la supervivencia. La falta de apoyo psicológico y la ausencia de contención emocional agravan aún más esta situación, dejando a los periodistas vulnerables y desamparados frente a las secuelas de la violencia.
Ante esta situación, es urgente implementar programas de acompañamiento psicológico y gestión emocional para periodistas que operen en contextos críticos. Estos programas deben abordar el estrés, la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental, así como proporcionar apoyo en la reconstrucción de relaciones personales y familiares afectadas por la violencia.
Los datos recopilados sobre la violencia digital contra periodistas revelan patrones significativos tanto en términos de las plataformas más utilizadas para este fin como en relación con los temas que generan mayor hostilidad en línea. Twitter, Facebook y WhatsApp emergen como las principales redes sociales donde se manifiesta esta violencia, aunque su prevalencia varía según la región geográfica. Del mismo modo, los temas políticos y de corrupción encabezan la lista de aquellos que desencadenan más ataques digitales contra el ejercicio periodístico, seguidos de cerca por cuestiones relacionadas con género, derechos humanos y otros asuntos sensibles. Estos hallazgos subrayan la urgencia de abordar la violencia digital de manera integral, reconociendo su impacto no solo en la seguridad de los periodistas, sino también en la diversidad y la integridad de la sociedad en su conjunto.
Además, las variaciones regionales en la percepción de la violencia digital resaltan la importancia de comprender los contextos locales y los factores subyacentes que contribuyen a estas diferencias.
En cuanto a la institución responsable de impulsar investigaciones judiciales ante casos de violencia contra periodistas, se destaca una preferencia mayoritaria por parte de los encuestados hacia el Ministerio Público, con un respaldo significativo también hacia la acción directa por parte de los medios de comunicación. Estos hallazgos resaltan la importancia de una respuesta coordinada entre las autoridades judiciales y los medios para abordar y prevenir amenazas contra los periodistas en el ejercicio de su labor.
Existe un fuerte consenso en que el Ministerio de Defensa Pública debería proporcionar gratuitamente representación legal para las víctimas. Sin embargo, se menciona la necesidad de crear una Defensoría de Víctimas para garantizar un acceso más amplio a la justicia, especialmente en casos graves como homicidios o intentos, donde los periodistas podrían enfrentar limitaciones para obtener representación legal.
Respecto al traslado y reubicación de periodistas amenazados o víctimas de violencia, los resultados muestran una clara preferencia por parte de los encuestados hacia la responsabilidad del Estado en la provisión de recursos financieros.
Los datos recopilados sobre la pertenencia a organizaciones sindicales o gremiales de periodistas en Paraguay revelan una participación significativa en estos grupos, con casi la mitad de los encuestados indicando que pertenecen a alguna de estas organizaciones. La distribución de la afiliación varía según la región geográfica y el género, con porcentajes más altos en el norte del país y entre los hombres. Estas cifras reflejan la importancia que los periodistas otorgan a la representación colectiva y la defensa de sus derechos laborales y profesionales.
El análisis de las organizaciones a las que están afiliados los periodistas revela una diversidad de opciones, siendo el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) la más prominente, seguida de cerca por la Red Activa Paraguay (RAP). Estas organizaciones desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos de los periodistas, la promoción de la libertad de expresión y la lucha contra la violencia en el ejercicio de la profesión. Sus actividades van desde la defensa legal hasta la capacitación y el desarrollo de protocolos de seguridad para los periodistas en situaciones de riesgo.
Un aspecto crucial destacado en las entrevistas es el nivel de acompañamiento proporcionado por las diversas organizaciones ante situaciones de violencia contra periodistas.
Las expectativas de los periodistas respecto a las actividades que esperan de estas organizaciones varían según la región y las necesidades locales. Desde capacitaciones hasta asistencia legal y psicológica.
Las entrevistas con víctimas de violencia proporcionan una perspectiva aún más cruda sobre la importancia de este apoyo. La falta de asistencia legal y emocional para las familias de los periodistas víctimas de violencia puede tener consecuencias devastadoras tanto psicológicas, como de avance de las investigaciones o readaptación familiar.
En conjunto, estos puntos consultados ofrecen una visión panorámica de los desafíos que enfrenta el periodismo en Paraguay para mejorar las condiciones para un entorno más seguro y propicio para el ejercicio periodístico en todo el país.